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Consejo de la Judicatura denuncia recortes por más de $19 millones en la función judicial

Consejo de la Judicatura denuncia recortes por más de $19 millones en la función judicial

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Esos recortes ponen en riesgos varios proyectos de inversión, sobre todo en el ámbito tecnológico y de digitalización de los servicios. Además, el Gobierno Central mantiene atrasos en el pago de sueldos y no consigna recursos para el pago de proveedores

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, durante una rueda de prensa, explicó que la función judicial, en su conjunto, ha sufrido recortes presupuestarios de $12’300.000 en 2019 y $7’200.000 en 2020. Es decir, $19´500.000 menos para su funcionamiento, a pesar de que “ni por un solo momento hemos suspendido el servicio de justica durante la emergencia. Nuestros servidores judiciales han estado en primera línea de batalla”, dijo.

Además de esos ajustes, durante los últimos 4 meses, ha habido continuos atrasos en la transferencia de recursos para pagar sueldos; e incluso, según, Pedro Crespo, Director General de la Judicatura, se ha dejado de recibir $2’480.000 para pagar por obras, bienes y servicios entregados por proveedores a nivel nacional

“Los recortes sistemáticos se han profundizado desde septiembre 2019. No solo que no podemos pagar a nuestros proveedores, sino que tampoco podemos vincular los equipos técnicos necesarios para fortalecer las áreas de lucha contra la violencia”, acotó Crespo.

La nómina de la Función Judicial también ha sido fuertemente mermada. Así, desde el año pasado ha salido 691 funcionarios, bajo las figuras de jubilación, renuncias voluntarias y cesación de contratos.

“Estas reducciones, sin duda, han tratado de afectar el funcionamiento de la función judicial. Hemos realizado esfuerzos gigantescos para que el servicio de justicia continúe.  Sin embargo, los permanentes recortes amenazan dichos servicios en cuanto a su oportunidad y calidad”, advirtió Maldonado.

Varios Proyectos de inversión en riesgo

Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, aseguró que si no asignan los recursos necesarios se verán afectados varios proyectos de inversión tecnológica para digitalizar y mejorar los servicios.

En primer lugar, no se concretará la contratación del servicio de videoconferencias, con lo que, a partir del 15 de agosto de 2020, no se podrá agendar videoaudiencias a nivel nacional

En segundo lugar, también está en riesgo la conectividad del Data center principal y alterno, por lo que “la ciudadanía no tendrá acceso los servicios tecnológicos del Consejo de la Judicatura”

Así mismo, no hay recursos suficientes para el equipamiento para el despliegue y operación del expediente electrónico y servicio de firma electrónica

“Nuestro pedido al ministerio de Economía es, en primer lugar, que se cumpla con el justo pago de las remuneraciones a nuestros servidores. En segundo lugar, que no se permitan más recortes y se asigne todo lo necesario para pagar a proveedores”, concluyó Maldonado.

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