Home Economía Malas inversiones en la Seguridad Social de la Policía podrían costar más de $500 millones al Estado
Malas inversiones en la Seguridad Social de la Policía podrían costar más de $500 millones al Estado

Malas inversiones en la Seguridad Social de la Policía podrían costar más de $500 millones al Estado

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La ministra de Gobierno, María Paula Romo y el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, aseguraron que, si no se recuperan los $532 millones en malas inversiones hechas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), el Estado responderá por las jubilaciones de los miembros de esa fuerza de seguridad.

«La jubilación de los policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos. Llegado el momento, si es que este dinero no se recupera, la sociedad ecuatoriana, el gobierno, el Estado va a tener que obtener los recursos necesarios para recuperar estas inversiones», dijo Romo.

Las operaciones fallidas fueron realizadas entre 2014 y 2016; y, en ellas, Isspol compró bonos de deuda ecuatoriana, pero no al Estado a través del Ministerio de Economía, sino mediante las empresas Ibcorp y HYBF.

Sin embargo, cuando llegaron los vencimientos, esas empresas domiciliadas en Panamá, y de propiedad del ecuatoriano Jorge Chérrez Miño, entregaron más papeles como pago. Hasta la fecha, no se ha podido recuperar ni un dólar en efectivo.

Romo puntualizó que esos papales entregados supuestamente como pago nunca fueron recibidos, sino que se quedaron en custodia del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale). Esa institución ha sido intervenida por la Superintendencia de Bancos porque Isspol no ha recibido respuesta alguna a sus múltiples pedidos de entrega de las inversiones que le corresponden.

«Si no tiene los comprobantes ni los bonos. Si no es capaz de decir con claridad qué es lo que tiene, estaríamos hablando de que no hay ninguna contraparte por los $532 millones de la Policía Nacional», agregó.

La semana pasada, la Superintendencia de Compañías presentó una demanda penal contra los directores y responsables de Decevale.

En estas circunstancias, uno de los principales objetivos es determinar quiénes son los responsables de la estafa, lo que incluiría a directivos civiles y policiales del Instituto, vendedores de bonos en el sector privado y organismos de control que «aparentemente» no se dieron cuenta de lo que pasaba.

Uno de los involucrados en los malos manejos sería el general David Proaño Silva, exdirectivo del Isspol.

Con respecto a Chérrez Miño, las autoridades aseguraron que siguen la pista de las conexiones que pudo tener para hacerse acreedor de confianza de Isspol. Incluso se sospecha que tuvo relaciones cercanas con un ex superintendente de Bancos, que en el 2016 lo habría contratado como asesor de tecnología interna. Además, en la época de José Serrano como presidente de la Asamblea, Chérrez Miño fue condecorado por sus donaciones a los damnificados en el terremoto en Manabí y Esmeraldas.

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