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Martínez tiene 5 cinco juicios políticos en trámite en la Asamblea

Martínez tiene 5 cinco juicios políticos en trámite en la Asamblea

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El ministro de Economía, Richard Martínez, a pesar haber logrado renegociar la deuda externa en bonos y firma un nuevo acuerdo con el FMI, tiene muchos enemigos en la Asamblea y en la misma sociedad civil. Se le acusa de privilegiar el pago de la deuda mientras continúan los retrasos en el pago de sueldos públicos y proveedores del Estado. ha El presidente Moreno salió en cadena nacional a defender la gestión de su ministro y pedir una tregua durante la crisis, debido a que Martínez es clave para conseguir dinero de organismos internacionales.

Es pedido no detuvo el trámite de los cinco juicios políticos que se tramitan en el legislativo. Todos ha recibido la aprobación inicial, pero ahora deben ser tratados previamente por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), para luego ir a la discusión en la Comisión de Fiscalización.

Si es hallado culpable de faltar a sus funciones, Martínez podría ser censurado y salir de la función pública. Para ello se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea.  

Falta de asignaciones a Gobiernos Locales

El pedido de juicio político del asambleísta Yofre Poma, data del 23 de julio del 2019, y consta de 112 páginas. El principal argumento es que no ha cumplido con las asignaciones económicas para los Gobiernos amazónicos. La Ley Amazónica dispone que por cada barril de petróleo vayan dos dólares al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico.

Poma aseguró que los GAD solo han recibido el equivalente a un dólar. El siguiente punto es el supuesto incumplimiento de Martínez con el pago a los jubilados. El asambleísta de Sucumbíos, que estuvo detenido luego de las protestas de octubre pasado y casi pierde la curul, argumenta que el Ministro de Economía no ha cumplido con los pagos acordados de cerca de $3 millones semanales

Gestión de la crisis sanitaria

Para los firmantes de este pedido, el Ministro ha tenido un manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria y han determinado un anómalo manejo en el pago de la deuda externa. Las bases, en este punto, son las declaraciones de la exministra de Salud, Catalina Andramuño y los valores que en verdad se pagaron a los tenedores de bonos.

Incluso se mencionan comunicados de prensa que luego se convirtieron en noticia nacional, donde se oculto información sobre el monto real del desembolso del Estado para pagar deuda externa en medio de la pandemia. El bloque socialcristiano, que es proponente de este proceso, cuestionan también los atrasos de más de $3.000 millones y el recorte presupuestario en el sector de Educación, que ascendería a $98,2 millones.

Esto podría en riesgo, incluso según la demanda, los programas de becarios y contratar a docentes que venían trabajando con regularidad. En es punto también recogen declaraciones de Martínez donde anuncia que no acatará la decisión de la Corte Constitucional. 

El tercer punto de la demanda, para el PSC, se refiere a la indebida retención de las asignaciones presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la no devolución del Impuesto al Valor Agregado en la adquisición local o importación de bienes y servicios.

Menos dinero para la educación pública

El legislador de Pastaza, Raúl Tello, pide sanción para Martínez por la reducción del presupuesto asignado para la educación pública de los niveles inicial, básico, bachillerato y superior.

El legislador asegura que, en todos esos niveles, trabajan 54.990 docentes bajo la modalidad de contratos ocasionales y nombramientos provisionales. “Son víctimas de las desvinculaciones; de hecho, el Ministerio de Educación ha notificado a 6 000 profesores la terminación de su relación laboral”, dijo. Incluso, puntualiza que el recorte ordenado por Martínez afecta a 120.000 estudiantes que aspiraban a iniciar, continuar y concluir sus estudios de alfabetización y post alfabetización.

Finalmente, denuncia que el Gobierno mantiene deudas con ocho universidades cofinanciadas, por el concepto de becas para estudiantes y devolución de IVA. Otro incumplimiento que se expone es que no se han transferido recursos para cancelar estímulos económicos a los docentes jubilados.

Falta de recursos para la pandemia y uso de deuda externa

El pedido de juicio tiene la fecha 17 de abril. El asambleísta Juan Lloret hace una recuento sobre cómo nació y se desarrolló la pandemia, con las alertas mundiales y regionales para el Ecuador. Recoge varios pedidos de recursos de la exministra Catalina Andramuño al Ministerio de Economía para enfrentar la pandemia. En uno, se pidió $94 millones directamente al viceministro de Economía, Fabián Carrillo. Luego están citados oficios del personal financiero de Salud donde le comunican a la exministra Andramuño que no se han realizado asignaciones de Economía y que la “actual emergencia se ha venido atendiendo con presupuesto propio asignado por el año 2020”. Esto previo a la renuncia de Andramuño donde denunció la falta de apoyo económico. Otros de los antecedentes son varios pedidos por escrito a Martínez sobre las operaciones de pago de deuda.

En este contexto, para Lloret, al no haber ejecutado las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por el Ministerio de Salud “no solo que inobservó los principios y objetivos del SINFIP, para realizar con efectividad, oportunidad, flexibilidad y equidad la asignación y uso de los recursos públicos. Sino que además, incumplió con el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud mediante políticas económicas y brindando acceso permanente, oportuno y sin exclusión a atención integral de salud”. Incluso, que se pasó por encima de las alertas mundiales de la necesidad de la asignación de recursos adicionales en cada país para enfrentar la pandemia.  

“Lo absurdo e inconsecuente en el proceder del ministro de economía y finanzas, Richard Martínez Alvarado, brilla por lo insensato de sus acciones y omisiones. Al punto, que él mismo, con el documento con el que pretende aclarar que los recursos para combatir la pandemia se encuentran garantizados, no hace más que afirmar y dar la razón a la declaración de la exministra de salud, Catalina De Lourdes Andramuño Zeballos, de que no contaban con los recursos necesarios”, escribió el asambleísta de la revolución ciudadana.

Deterioro de la Educación del

El asambleísta Jimmy Candell es otro de los solicitantes del juicio político al ministro Martínez. Él pone como antecedentes los recortes a la educación, incluso la ausencia ante la Comisión de Educación de ministro de Economía, Richard Martínez, la ministra de Educación, Monserrat Creamer; y, del Secretario de Educación Superior, Agustín Albán, pese a que se les conminó, dice Candell, a que expongan los motivos del recorte presupuestario. Creamer y Albán se justificaron, Martínez no. Por eso, la misma Comisión resolvió iniciar el juicio político a Martínez por el incumplimiento de sus funciones. Otro de los argumentos para la censura política es por la falta de cumplimiento de la Constitución, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Educación Superior. El Ministro, señala Jimmy Candell, “no está dando cumplimiento a un deber primordial del Estado que es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación”. El Asambleísta considera que lo más grave no resulta ser únicamente el incumplimiento de las funciones del Ministro de Economía, “sino que tales decisiones están provocando un grave deterioro en la calidad del sistema educativo en todos sus niveles, daños que son irreparables y que costarán muchos más recursos de lo que hoy en día el Gobierno Nacional ha recortado, violentando ante toda luz; el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos”.

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