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Listo para segundo debate ley que permite recuperar lo robado por corrupción

Listo para segundo debate ley que permite recuperar lo robado por corrupción

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La comisión legislativa de Participación Ciudadana y Control Social aprobó, con ocho votos a favor, el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el cual permitirá de forma efectiva recuperar lo robado por corrupción.


Se trata de una herramienta que permitirá a los operadores de justicia la recuperación de bienes y recursos públicos de origen y destino ilícito e injustificado, dentro y fuera del país, para monetizarlos y ese dinero destinarlo a educación, salud, así como para aquellos sectores desprotegidos.
El documento aprobado será enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional, para que se lo ponga en el orden del día en una de las próximas reuniones del Pleno Legislativo, en donde será sometido a aprobación.

Principales puntos
En el informe para segundo debate se incluyó a la Procuraduría General del Estado (PGE) como sujeto procesal.
Además de las atribuciones que determina la Constitución y la Ley, cuando se trate de la defensa del interés público, le corresponde al Procurador General del Estado o su delegado presentar la denuncia de extinción de dominio, e impulsar las acciones en la investigación patrimonial.
En la etapa jurisdiccional la PGE deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en la materia, tasando la cuantía de bien o bienes objeto de extinción de dominio; así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento.
Así también, se incluyó un artículo respecto de las condiciones para la extinción de dominio. El objetivo es dotar a los operadores de justicia de elementos claros y suficientes para el inicio del procedimiento de extinción de dominio.
De igual forma, dentro del documento se estableció una definición más amplia de lo que constituyen los bienes objeto de la extinción de dominio.
Se incorporó un artículo sobre la responsabilidad en el manejo de la información, en el que se determinó que cualquier acto orientado a obstaculizar o entorpecer el procedimiento de extinción de dominio vinculado a la pérdida, ocultamiento o destrucción de archivos dará lugar a las acciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En cuanto a la Competencia Judicial se estableció que las juezas y jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes para sustanciar el procedimiento de extinción de dominio.
En lo que se refiere al tiempo de la investigación patrimonial se decidió ampliar el plazo a 18 meses.
Sobre el artículo de Institucionalidad, la mesa técnica redactó un artículo mediante el cual se crea el Fondo Especial de Extinción de Dominio y se adecuaron otros artículos para que guarden relación con la creación del mismo.
También se reformuló el destino de la monetización de los bienes fruto del proceso de extinción de dominio de manera que la primera infancia sea el sector más beneficiado. Además, se establece un porcentaje para la capacitación del personal y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de la Ley.
En lo que respecta a las disposiciones, se implementó que la Fiscalía General del Estado en seis meses realice un proceso de capacitación en materia de extinción de dominio, dirigido a fiscales.

En diciembre sería aprobado
La asambleísta Mae Montaño, una de las impulsoras del proyecto de ley, espera que el presidente de la Asamblea priorice la incorporación del trámite en el orden del día del Pleno para que la Ley quede aprobada antes de la vacancia legislativa, prevista para el 15 de diciembre próximo.
El presidente de la comisión legislativa, Raúl Tello, dijo que este proyecto tuvo un tratamiento democrático, sin sesgos personales ni políticos, al tiempo de resaltar que esta será una de las leyes más importantes que la Asamblea Nacional aprobará, en beneficio del país, durante este periodo.
Así mismo, los asambleístas Pabel Muñoz y Ronny Aleaga indicaron que la norma busca combatir el crimen organizado respetando garantías básicas, puntualizaron que el proyecto no debe responder a la coyuntura política sino a las demandas que tiene la ciudadanía sobre una lucha implacable contra la corrupción.
PGR/

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