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El jueves se conocerá sentencia contra 5 funcionarios que pedían dinero a presos

El jueves se conocerá sentencia contra 5 funcionarios que pedían dinero a presos

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En audiencia que se cumplirá este jueves 26 de noviembre desde las 17:00, el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, anunciará la sentencia contra cinco exfuncionarios públicos acusados de solicitar dinero a las personas privadas de la libertad (PPL), a cambio de beneficios penitenciarios.


En la audiencia de juicio que duró siete días y que concluyó este fin de semana, el fiscal del caso, Alberto Santillán, pidió al Tribunal que imponga la pena máxima agravada, en concurso real de infracciones contra cinco procesados y se abstuvo de acusar a tres, por lo que fueron liberados de culpa.
De los cinco, para cuatro solicitó la pena agravada de 13 años, tres meses y tres días, por los delitos de asociación ilícita y concusión –en concurso real de infracciones–, más circunstancias agravantes.
Ellos son funcionarios públicos: un juez de garantías penales y penitenciarias y tres funcionarios jurídicos del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Al quinto procesado, un abogado en libre ejercicio, Fiscalía lo acusó como autor de asociación ilícita y pidió privación de libertad de cinco años, más 20 meses adicionales, como pena agravada.
Sobre los tres sobreseídos, de ellos, dos jueces de garantías penales y penitenciarias y una funcionaria del SNAI, Fiscalía se abstuvo de mantener la acusación, porque no se encontraron elementos suficientes para continuar con los cargos penales.

La acusación
Con 28 testigos y 20 pruebas documentales, el fiscal Alberto Santillán sustentó la teoría del caso, de que los ocho acusados se habrían asociado para exigir dinero (entre 300 y 5.000 dólares) y botellas de licor a los familiares de personas privadas de la libertad (PPL) de los Centros de Rehabilitación Social “El Rodeo” y “Bahía de Caráquez”.
El dinero era calificado como “ayudas” para tramitar y beneficiarse de garantías penitenciarias; sin embargo, estos son derechos a los cuales las PPL pueden acceder sin entregar dinero, siguiendo el trámite previsto en la normativa vigente.
Entre las pruebas medulares presentadas por Fiscalía están: el testimonio de un privado de libertad, en el que afirmó haber entregado más de 1.000 dólares para que uno de los procesados le ayude a tramitar su prelibertad, ya que había cumplido el 60% de su condena.
También, el testimonio del agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso, y del perito criminalístico. Ambos evidenciaron el mecanismo de cobro que se habría aplicado a los familiares de los privados de libertad para “arreglar sus salidas de prisión”.
La intervención de los testigos del SNAI se basó en el proceso de verificación del cumplimiento o no de requisitos de ley en 61 de 91 carpetas de privados de la libertad que habrían solicitado los beneficios penitenciarios, determinándose que faltaban: certificados psicológicos y de acogida familiar, el índice de proclividad delictógena, certificados de permanencia, judicializaciones sin el informe previo del SNAI, entre otros.
PGR/

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