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Fiscalía recibió otra denuncia de peculado en el Ministerio de Salud

Fiscalía recibió otra denuncia de peculado en el Ministerio de Salud

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La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, y el consejero de este organismo, David Rosero, presentaron este miércoles 2 de diciembre de 2020 en la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra el Ministerio de Salud por presunto peculado.


Según los denunciantes, el delito se habría producido en la compra de respiradores que realizó el Ministerio de Salud Pública, durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
Almeida explicó que en agosto pasado se había suscrito un contrato para la adquisición de respiradores por $ 9′ 9 millones.
De este monto, se había entregado un anticipo de más de $ 4′ 5 millones a un proveedor, cuyas garantías pertenecen a una cooperativa de ahorro y crédito, pero que solo podía respaldar $ 45 mil; es decir, no tendría la solvencia para garantizar el dinero.
Además, aseguró que las investigaciones arrojan que los responsables de la verificación de las pólizas inobservaron hechos, lo que puede constituir un delito.
De su lado Rosero señaló que se trata de una cooperativa de ahorro y crédito de la provincia de Cotopaxi, que según registros públicos no tendría capacidad para pagar el monto del anticipo en caso de algún problema con el contrato.
De las investigaciones al interno del Cpccs, se presume que se trataría de un presunto delito de peculado, por lo que debe investigarse al Ministerio, la cooperativa de ahorro y crédito y el contratista.

Cpccs presentó reformas penales a la Asamblea
La presidenta del Cpccs Sofía Almeida entregó la denuncia en la Fiscalía, un día después de que presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción.
Entre los cambios más relevantes que plantea en 18 artículos está la eliminación de medidas sustitutivas en los delitos contra la eficiencia de la administración pública: se elimina el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico, y presentación periódica ante la justicia en vez de prisión.
A nombre del Cpccs plantea que en el caso del delito de soborno transnacional: no se podrá alegar el juzgamiento de delitos en sus países de origen para impedir la acción penal en el territorio nacional.
El proyecto persigue, asimismo, que el delito de peculado se extienda a quienes no manejan fondos públicos. Y se propone tipificar el cohecho judicial para sancionar con una pena de siete a 10 años de cárcel al juez, árbitro, fiscal o perito que influyan o decidan a favor de servidores públicos involucrados en casos de corrupción.
Esta propuesta se suma a las presentadas ante el Legislativo por parte del Ejecutivo y cinco de iniciativa de asambleístas.
PGR/

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