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Exconcejal de Quito y su familia son sentenciados a 6 años de cárcel

Exconcejal de Quito y su familia son sentenciados a 6 años de cárcel

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A seis años de cárcel fueron sentenciados el exconcejal de Quito, Eddy Sánchez, su esposa Adriana Judith C., sus hijos Jorge Luis, Adriana Alejandra y Cristina Polet, así como su suegra Judith Margarita M.


Los seis procesados fueron encontrados culpables del delito de lavado de activos, que según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece una pena de hasta 13 años de privación de la libertad.
Sin embargo, en este caso, al no existir circunstancias atenuantes o agravantes, se determinó la pena mínima de seis años de prisión, con base en la Ley de Lavado de Activos, vigente a la época de inicio de los hechos (2010).
La condena fue impuesta la noche de este miércoles 13 de enero por un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el cual determinó que el exconcejal y su esposa son autores del delito, mientras que sus tres hijos y su suegra son coautores.
La sentencia también establece que el grupo familiar deberá pagar una multa de $ 4’192.044,92.
Según el fiscal del caso, Alberto Santillán, el núcleo familiar del exconcejal de Quito no logró justificar el origen lícito de más de $ 1’803.651,43, dinero con el que los condenados adquirieron bienes inmuebles, entre 2010 y 2017.
A su vez, la Sala Penal determinó que el lavado de activos ascendió a $ 2’096.092,46, producto de bienes inmuebles, diferencias contables y valores de los vehículos de alta gama.
El mecanismo que se habría utilizado para disfrazar como “legal” estas operaciones económicas fueron: la compra-venta de lotes de terreno y departamentos, en efectivo, realizada entre padres e hijos, con reserva de usufructo.
También, la compra de derechos y acciones, de vehículos y transferencias bancarias, declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016), con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial (2017), y con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015).
En el juicio el Fiscal sustentó su acusación con 32 testimonios, 13 pruebas documentales, entre las que se incluyeron el Registro de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en enero de 2018, y los reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI), que dan cuenta de que lo ingresado por los ya sentenciados al Sistema Financiero Nacional no corresponde con lo declarado en el SRI.
Al ser de primera instancia, esta sentencia puede ser apelada por los procesados, cuyas defensas durante todo el proceso de juzgamiento aseguraron que el dinero del que se habla en la investigación tiene origen lícito.
La apelación formalmente, así como el solicitar los recursos de aclaración y ampliación a la sentencia, deberán presentarse una vez se emita el fallo fundamentado por escrito. (PGR)

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