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Presidente Moreno decidirá la vigencia de ley que facilita recuperar lo robado por corrupción

Presidente Moreno decidirá la vigencia de ley que facilita recuperar lo robado por corrupción

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El presidente de la República, Lenín Moreno será quien decida si entra o no en vigencia en el país, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, a través de la cual se facilita recuperar lo robado por hechos de corrupción.


Esto luego de que la noche del martes 19 de enero el Pleno de la Asamblea Nacional, con 131 votos afirmativos de los 137 asambleístas, aprobó la ley en segundo debate, en base del informe elaborado por la comisión legislativa de Participación Ciudadana y Control Social.
Se trata de una herramienta que permitirá a los operadores de justicia la recuperación de bienes y recursos públicos de origen y destino ilícito e injustificado, dentro y fuera del país, para monetizarlos y ese dinero destinarlo a educación, salud, así como para aquellos sectores desprotegidos.
Una vez que el Pleno de la Asamblea lo aprobó, el texto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su resolución, dijo el asambleísta Raúl Tello, presidente de la comisión de Participación Ciudadana.
El Jefe de Estado tiene tres opciones: la sanción favorable, con lo que entraría en vigencia de inmediato; el veto parcial, que sería objeciones a uno o varios puntos, ante lo cual volvería a la Asamblea para su trámite; o el veto total, con lo que objeta todo y en un año no podrá ser tratado.
Para cualquiera de estas tres opciones el Presidente de la República tiene 30 días para responder, contados a partir de que reciba el texto de la ley aprobada.
Según la normativa, la extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas; además es imprescriptible, autónoma e independiente a cualquier otro juicio o proceso.
Se incluye el principio de cosa juzgada, enajenación anticipada de los bienes, reciprocidad internacional, administración, venta y monetización de los bienes en el exterior.
Así mismo, la norma contempla que se respetarán los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, que resulten pertinentes con la naturaleza del procedimiento de extinción de dominio.
La Ley de Extinción de Dominio se regirá bajo los principios de: Derecho a la propiedad; Nulidad de origen; Retrospectividad; Imprescriptibilidad; Contradicción; Objetividad y transparencia; y, Reciprocidad Internacional.
PGR/

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